B) 9.- Distorsiva relación municipalidad-población.

UNA DISTORSIVA RELACIÓN MUNICIPALIDAD-POBLACIÓN: las municipalidades, en ciertos casos, llevan a cabo diferentes formas de asociación con cierta franja de la población: éstas contribuyen con recursos para hacer posible la realización de ciertas obras y la prestación de algunos servicios. Se da así misma una “ampliación” material de los recursos que moviliza la municipalidad, sobre la base de los aportes de los “beneficios”. Las formas más comunes suponen la organización de la población que contribuya con tiempo de trabajo, algunos insumos (cemento, p.ej.) o herramientas, mientras que la municipalidad pone la dirección y las maquinarias. Así se construyen o arreglan calles, veredas y desagües, p.ej. De la misma manera, algunas Municipalidades apoyan experiencias de autoconstrucción de viviendas.

Con estos cambios, estos sectores de la población son identificados y diferenciados dentro del conjunto de la población de la ciudad.

Sin embargo, ésta, ya no es atendida como unidad homogénea, porque existen beneficiarios particulares de la gestión local. Si bien, así, es posible reconocer demandas que de otra forma quedarían sin atender, no se alteran los determinantes de la exclusión de importantes sectores de la población urbana, ya que no se actúa sobre las condiciones económicas de la ciudad. Por otra parte, esos cambios posibilitan únicamente una gestión puntual con baja capacidad de multiplicación, debido a que se basan en los recursos locales, en particular los que puede movilizar cierta parte de la población con propios recursos, sin que el aparato municipal esté en condiciones de superar esa limitación.

De hecho, gran parte de la carga de las políticas sociales tiende a ser transferida a la población para su resolución.

En este marco, además, no existe un “centro” que coordine a los actores que intervienen en la gestión local. La municipalidad no logra establecer normas firmes para regular los comportamientos del conjunto de los actores públicos y privados y, en el caso de que éstas existan, es incapaz de controlarlas debidamente. Las unidades políticas presentes (provinciales y municipales) operan en forma paralela e incluso superpuesta, generando un sistema desarticulado no sólo por la falta de coordinación, sino también por los fuertes déficit de comunicación y cooperación.