Un ANACRONISMO DEL “MODELO CLÁSICO” DE ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL: las experiencias de gestión municipal se vienen dando como esfuerzos para adecuar o actualizar a una “modelo clásico” de organización del gobierno local. Modelo que no corresponde ya a las características de la sociedad urbana de hoy. Por lo que debe superar tal “anacronismo” generando cambios que impliquen una ampliación y renovaciones que puedan interpretarse como inicios de una transición hacia un modelo de gestión diferente.
Este modelo al que denominamos “clásico” supone una municipalidad que se corresponde con una sociedad caracterizada por la integración social y económica de la población, aunque con limitada integración política. Una municipalidad que se hace cargo de una sociedad urbana relativamente homogénea, en la que sus miembros, aunque sean “pobres”, tienen capacidad para enfrentar, en cierto grado al menos, los compromisos de la producción urbana y la satisfacción de sus necesidades.
Este modelo presupone una sociedad compuesta por ciudadanos que están integrados a un mercado que tiende a redistribuir las riquezas a medida que se crean. Las relaciones políticas locales se basan en instituciones representativas (Intendente y Concejo Deliberante) y la representación local se ejerce en votaciones periódicas para elegir a sus integrantes.
En este modelo, la gestión municipal elabora sus resultados definiendo a la población como una unidad homogénea, sin diferencias situacionales, más allá del reconocimiento de la existencia de desigualdades sociales. Además, supone el crecimiento de las actividades urbanas, de allí que sea necesario regularlo y controlarlo, pero no promoverlo.
La oferta municipal consiste, predominantemente, en la regulación de las acciones privadas y públicas que configuran la ciudad y en la producción de obras y\o prestación de servicios.
En los últimos años, si bien globalmente la economía nacional se mostró relativamente dinámica, ello no significó la disminución de la pobreza ni de las desigualdades, sino su permanencia y aun su ampliación. Por otra parte, las fuertes crisis económicas que se han venido suscitando han debido ser enfrentadas con políticas de ajuste estructural que van provocando una paulatina y creciente recesión.
La pobreza se vuelve estructural y, más aún, la sociedad urbana actual incluye a un conglomerado importante de población que no puede considerarse pobre en el sentido tradicional. Si bien está por debajo de la llamada línea de pobreza, su rasgo fundamental es la exclusión del mercado de trabajo y de los mercados de consumo básicos. Por otra parte, segmentos cada vez más importantes de la población pierden capacidad de movimiento en el espacio urbano y, por ende, tiende a desaparecer la accesibilidad de la oferta diferenciada de servicios e infraestructura que caracteriza a una ciudad.
Un indicador de esa nueva situación lo constituye la transformación del consumo alimentario que, de ser el típico consumo individual (familias – individuo), es cada vez más un consumo colectivo, dependiente de una gestión total o parcialmente social (comedores escolares o populares, huertas populares, cooperativas de compras, producción colectiva de pan, etc.). Por otra parte, esa población no encuentra canales de expresión política que se hagan cargo de su posición en la estructura social y, por eso, tiende a una relativa exclusión de la vida política representativa.
Frente a esa “nueva” sociedad, el modelo clásico se muestra incapaz de cumplir sus funciones. Queda sobrepasado, volviéndose un ámbito de desarrollo de prácticas que intentan asir una realidad que se va de sus manos, al tiempo que da lugar a prácticas políticas que desnaturalizan su función.
Este modelo al que denominamos “clásico” supone una municipalidad que se corresponde con una sociedad caracterizada por la integración social y económica de la población, aunque con limitada integración política. Una municipalidad que se hace cargo de una sociedad urbana relativamente homogénea, en la que sus miembros, aunque sean “pobres”, tienen capacidad para enfrentar, en cierto grado al menos, los compromisos de la producción urbana y la satisfacción de sus necesidades.
Este modelo presupone una sociedad compuesta por ciudadanos que están integrados a un mercado que tiende a redistribuir las riquezas a medida que se crean. Las relaciones políticas locales se basan en instituciones representativas (Intendente y Concejo Deliberante) y la representación local se ejerce en votaciones periódicas para elegir a sus integrantes.
En este modelo, la gestión municipal elabora sus resultados definiendo a la población como una unidad homogénea, sin diferencias situacionales, más allá del reconocimiento de la existencia de desigualdades sociales. Además, supone el crecimiento de las actividades urbanas, de allí que sea necesario regularlo y controlarlo, pero no promoverlo.
La oferta municipal consiste, predominantemente, en la regulación de las acciones privadas y públicas que configuran la ciudad y en la producción de obras y\o prestación de servicios.
En los últimos años, si bien globalmente la economía nacional se mostró relativamente dinámica, ello no significó la disminución de la pobreza ni de las desigualdades, sino su permanencia y aun su ampliación. Por otra parte, las fuertes crisis económicas que se han venido suscitando han debido ser enfrentadas con políticas de ajuste estructural que van provocando una paulatina y creciente recesión.
La pobreza se vuelve estructural y, más aún, la sociedad urbana actual incluye a un conglomerado importante de población que no puede considerarse pobre en el sentido tradicional. Si bien está por debajo de la llamada línea de pobreza, su rasgo fundamental es la exclusión del mercado de trabajo y de los mercados de consumo básicos. Por otra parte, segmentos cada vez más importantes de la población pierden capacidad de movimiento en el espacio urbano y, por ende, tiende a desaparecer la accesibilidad de la oferta diferenciada de servicios e infraestructura que caracteriza a una ciudad.
Un indicador de esa nueva situación lo constituye la transformación del consumo alimentario que, de ser el típico consumo individual (familias – individuo), es cada vez más un consumo colectivo, dependiente de una gestión total o parcialmente social (comedores escolares o populares, huertas populares, cooperativas de compras, producción colectiva de pan, etc.). Por otra parte, esa población no encuentra canales de expresión política que se hagan cargo de su posición en la estructura social y, por eso, tiende a una relativa exclusión de la vida política representativa.
Frente a esa “nueva” sociedad, el modelo clásico se muestra incapaz de cumplir sus funciones. Queda sobrepasado, volviéndose un ámbito de desarrollo de prácticas que intentan asir una realidad que se va de sus manos, al tiempo que da lugar a prácticas políticas que desnaturalizan su función.


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